Otro 1 de mayo, pero de 1936, los trabajadores desfilaron hasta el Palacio Presidencial, cuya única fachada de entonces miraba hacia la carrera séptima. Desde aquel balcón también hubo un discurso presidencial de Alfonso López Pumarejo, quien con aquel acto presentaba al país el momento más controvertido de los dieciséis años que duró la República Liberal (1930-1946): la Revolución en Marcha.

Tal vez por el peso que sigue teniendo ese nombre entre la propaganda liberal, el presidente Gustavo Petro se confundió en su discurso de 2023 y llamo “la Revolución en Marcha" a un proceso histórico más amplio: las reformas políticas y sociales que emprendieron líderes de todos los matices del Partido Liberal entre 1930, cuando Enrique Olaya Herrera llegó al poder, y 1945, cuando Al​fonso López Pumarejo le entregó su segunda presidencia a su discípulo Alberto Lleras. Fue el periodo de legalización de la actividad sindical, del reconocimiento de derechos civiles para la mujer, de derechos laborales, de la consagración del sufragio universal masculino, pero también de una dura confrontación con el Partido Conservador y el ala derecha del propio liberalismo, como antesala de La Violencia, con mayúsculas, que tomaría forma a finales de los años cuarenta. Al lado de todo esto, la Guerra Mundial presionaba por la sustitución de importaciones, la tecnificación agrícola y una alianza provechosa entre el liberalismo y la izquierda ortodoxa reflejada en el Partido Comunista y pequeños grupos socialistas, entre los que sobresalió la UNIR de Jorge Eliécer Gaitán.

En medio de todo esto, López presentaría en su primer gobierno un prometedor paquete de reformas, cuya manifestación más célebre fue la reforma constitucional de 1936. Allí se asumió por primera vez la concepción social del Estado, como regulador de las relaciones económicas, laborales y políticas de la ciudadanía. Desde entonces, el Estado intervendría en aspectos de la vida económica, social y cultural del país: “la propiedad es una función social que implica obligaciones" y “el trabajo es una obligación social". Se habló por primera vez en una Constitución del carácter gratuito y obligatorio de la enseñanza primaria, a la par que se propuso la reforma al Concordato que en 1887 había cedido a la Iglesia el control de la educación. A esto se sumó un nuevo escalón en la modernización política, con la consagración del sufragio universal masculino.

Aquel impulso modernizador de la reforma constitucional trascendió hacia nuevas concepciones de la economía agraria mediante la Ley 200 de 1936. Así mismo, las instituciones educativas se transformaron con la unificación institucional de la Universidad Nacional en 1935, la implementación de la educación mixta en 1938 y el establecimiento de la Escuela Normal Superior. Por su parte, la nueva relación con la Iglesia se materializó en la eliminación del control de aquella en el registro civil. A su vez, la política fiscal desde entonces priorizaría la tributación directa, la cual hizo al país menos dependiente de los vaivenes de la economía global.

Sin embargo, el balance de aquel proceso ha sido discutido ampliamente durante las siguientes nueve décadas. Los detractores resaltan el freno que sectores conservadores y terratenientes dieron a la reforma agraria del 36, cuyos beneficios a colonos de tierras baldías fueron limitados y a veces pospuestos. También se recuerda la pausa de ese impulso en el gobierno de Eduardo Santos (1938-1942) y el silencio que el propio López expresó sobre esos temas en su segundo mandato (1942-1945), cuando, bajo el acoso inclemente de la oposición, dio por concluida la ola reformista del liberalismo. Para 1946, los votos liberales se dividían entre una dirigencia apática, las candidaturas rivales de los líderes de la izquierda del partido (Gabriel Turbay y Jorge Eliécer Gaitán) y un camino que se le allanaba al conservatismo para llevar a la presidencia a Mariano Ospina Pérez.​

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